La España actual asiste, a menudo perpleja, a la decidida voluntad política de hacer un uso abiertamente estratégico del lenguaje. Su meta estriba en alterar, así, ciertas figuras jurídicas y formas de convivencia, hasta ahora sólidamente asentadas como cauces fecundos para la relación humana. Desde la perspectiva técnica, lo que se hace es operar una modificación radical e intencional del lenguaje, que varía, confunde, intercambia o incluso suplanta sus significados y expresiones, en un abuso declarado de su alcance. Practica, así, el célebre “uso alternativo” del lenguaje y de las instituciones, predicado por ciertas derivaciones extremas del marxismo, el feminismo o el nacionalismo radicales.

Dos ejemplos concretos de ello, que podemos examinar, desde este prisma, pueden hallarse en el llamado “matrimonio homosexual” y en el “divorcio express”. La clave de esta estrategia socio-política radica en que, desde el mismo poder, se introduce en el seno de la institución, por la vía imperativa del corpus legislativo, una maraña de vocablos y conceptos, que pervierten el sentido genuino de tales instituciones. Se las metamorfosea o convierte (meta-noia), obrando en su propio interior lo que Nietzsche aplaudió como “la transmutación de los valores”. Esto, incurre ya, desde su origen, en un exceso inicial, pues, lo primero que cabe advertir aquí es que, de hecho, al actuar de este modo invasor en la sociedad, “se legisla, regula, norma u ordena en demasía”, y sin derecho alguno. A este propósito, sobre el vicio de la actual “incontinencia legislativa”, algunos han advertido que el populista o demagogo de las masas, de la época moderna, cuando queda solo, frente a un supuesto problema: “legisla”, acaso en un movimiento reflejo de su concepción estatalista de la realidad social. Mas, acerca de esto, ya nos previno en cambio Cervantes, quien, por boca de don Quijote, aconseja con sabiduría que, en lo tocante a leyes: “(a Sancho) (…), justas, claras y POCAS”.     

En este sentido, lo primero que debe denunciarse es el fondo de “positivismo” o materialismo, de craso reduccionismo de lo humano, que laten en lo más hondo de tales métodos. Porque ni la sociedad, ni el Derecho, ni las instituciones humanas son “un puro voluntarismo”, ciego a lo real. Sociedad, instituciones, Derecho y, desde luego, lenguaje, deben, por el contrario, partir de la realidad. No es justo, en comunidad o en Derecho, lo que la gente quiere sin más, por el solo hecho de quererlo; sino “lo que corresponde, de manera proporcionada, a alguien”. Ciertamente, la ideología subyacente a este transformar las homo-parejas en matrimonio homosexual, o la aceleración geométrica de la capacidad de escisión conyugal, resulta, en cuanto consideramos la Historia universal, profundamente extraña. Esto, salvando ciertos tópicos, hoy descubiertos como falaces, como los de la licitud de la práctica homosexual greco-romana, que en el fondo desconocen su expresa prohibición jurídica tanto en Atenas, como en todo el ámbito veterotestamentario, etc. Lo cierto, por el contrario, es que estas ideas responden, ante todo, al deseo o voluntad expresos, de algunos ciudadanos actuales, integrados en ciertos colectivos, hasta ahora de hecho minoritarios. 

Decía De Gásperi que "en política debe regir el principio de laicidad: el creyente actúa como ciudadano en el espíritu y en la letra de la constitución y se compromete a sí mismo, a su categoría, a su clase y a su partido, pero no compromete a la Iglesia".

No le faltaba razón a quien fuera ejemplar cristiano y eficaz Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente del Gobierno de Italia, pero su tesis, buen antídoto para nuestra muchedumbre de aficionados al insano clericalismo, presuponía, para ser precisa, que el creyente es, de verdad, “creyente”. Y esto bien debiéramos saber los bautizados que no es precisamente un adorno. Antes bien, es una opción libre que, tomada en serio, transforma radicalmente toda nuestra vida haciendo que las realidades temporales en las que somos peregrinos tengan un significado diferente, ordenado a eso que nuestros mayores llamaban la “bienaventuranza” del hombre.

He aquí, pues, la tesis completa: el creyente actúa en la vida cívico-política desde su esencia religiosa, pero adopta en el espíritu y en la letra lo que es propio de la condición ciudadana, sabiendo distinguir las diferentes finalidades de la Iglesia y la sociedad civil.Viene esto a propósito de la dolorosa y a la vez venturosa “crisis” a la que los católicos españoles nos hemos visto abocados merced a la brutal arremetida laicista de quienes nos gobiernan desde el poder político y mediático. Agresión que, en último término, pretende imponer a los españoles una falsa y absurda incompatibilidad entre catolicidad y ciudadanía.

“Crisis” porque, conforme a una de las acepciones del Diccionario, representa un “cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente”. Si el Espíritu ha querido valerse de este medio, a nuestra libertad corresponde ahora confiar, discernir, aprender... y luchar para resistirnos al agravamiento y poder mejorar.

Muchos son los síntomas de la enfermedad, fuera y dentro de la Iglesia. Inmenso lo que todos tenemos que aprender y que, en cualquier caso, siempre comienza y culmina en la necesidad de conversión personal a Cristo vivo. Pero en lo que a los laicos toca, conviene también, con urgencia, volver sobre lo que proponíamos al principio de esta columna.

Y es que uno de los síntomas ahora demasiado evidentes de nuestra enfermedad interna es que una buena parte de los seglares españoles nos hemos instalado en dos actitudes funestas: la mentalidad laicista de “los buenos” y la mentalidad clerical.La mentalidad laicista de “los buenos” se caracteriza por su desdén hacia la dimensión pública de la fe y la importancia de la Cultura cristiana, hasta relegar, de hecho, el Evangelio a la vida privada.

Una actitud que, sin apenas darnos cuenta, nos ha llevado a rehusar la participación, con pleno sentido apostólico, en los diversos ámbitos de la sociedad civil de la que formamos parte: comunidad de familias, centros educativos, barrios y municipios, empresa y trabajo, corporaciones profesionales, medios de comunicación, vida científica y académica, política de partidos, cargos públicos, etc. Silencio y cobardía, al cabo, que no representan sino un incongruente dualismo al que la actual imposición desde el poder de una Cultura abiertamente hostil a cualquier trascendencia y al verdadero sentido del hombre está haciendo saltar por los aires.Y “enfermedad” también en nuestra genética mentalidad clerical: laicos que hemos renunciado a tener voz propia y a tomar la iniciativa; a asumir con todas sus consecuencias –incluida la posibilidad, nada remota, de equivocarnos- la libertad y la autonomía que, en comunión y fidelidad, la Iglesia nos reconoce; a ser protagonistas como nos corresponde y sin delegar cómodamente en nuestros valientes Obispos, sin por eso dejar de sentir con ellos...

La “crisis” ha evidenciado lo que, en teoría, ya sabíamos: en la modernidad, la Cultura cristiana y el auténtico bien común no se pueden construir ni defender sólo desde las estructuras eclesiásticas; es indispensable la presencia real y la vertebración de la ciudadanía cristiana organizada.Recordemos, en fin, lo que Juan Pablo II no ha dejado de repetir a lo largo de su “revolucionario” pontificado: “para animar cristianamente el orden temporal (...) los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política (...)”.

Y pásenlo: somos cristianos y somos ciudadanos.

PEGA POR LA PAZ

2 de septiembre de 2006 

-          JUSTIFICACIÓN Y ENTORNO –

 Luego de décadas de esfuerzo y lucha de la sociedad civil, en los últimos años nuestro país ha ido transitando a una democracia cada vez más consolidada, independientemente de las calificaciones que podríamos dar a nuestras autoridades federales, estatales y locales en los últimos 20 años, es un hecho que la transición democrática se ha dado por impulso entusiasta de la sociedad civil organizada y por los ciudadanos que con empeño trabajan día con día. 

Uno de los grandes hitos y pilares de nuestra democracia, fue sin duda la civilidad e independencia del Instituto Federal Electoral, que se ha convertido desde su creación en pilar fundamental de la democracia Mexicana, y a pesar de que en se han vivido situaciones difíciles y complejas, la ciudadanía ha estado siempre por encima de la talla de muchos de nuestros políticos. 

Desde hace varios meses, con la cercanía del proceso electoral, y frente a la realidad de que cualquiera puede ganar, hemos sido testigos de una confrontación y debate entre actores políticos que ha permeado en la sociedad toda, sin embargo, también las reglas del juego decían que el fin del proceso era la voluntad popular expresada en la urna. 

Fue así que contra todos los pronósticos, el pasado 2 de julio, los mexicanos nos lanzamos a las casillas a votar, a cuidar la elección, a organizar las elecciones y a hacer patente nuestra voz a través de los mecanismos civilizados y legales que nuestras leyes ofrecen. Profesionales por la Ética, con la autoridad moral por su trayectoria, y con la autoridad real por haber tenido a más de 200 observadores electorales – la mitad de los observadores del Estado de Jalisco-, fuimos testigos y dimos fe, que en la jornada electoral no existieron irregularidades, fraudes o coacciones que intimidaran o modificaran la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos. Y también fuimos testigos desde la neutralidad que implica ser y representar a la Sociedad Civil, que independientemente del partido o candidato de la preferencia de los electores o funcionarios de casilla, hubo un clima de respeto y de civilidad en cada ciudadano. 

Sin embargo frente a las expectativas de una sociedad que buscaba respeto, paz y concordia para el desarrollo, hemos tenido por parte de algunos de los contendientes, irracionalidad, intolerancia, engaño, confrontación e incitación a la violencia. Han emprendido una lucha contra las autoridades, contra las leyes y en contra la voluntad ciudadana, y como consecuencia han generado violencia, más confrontación, violencia, inestabilidad, ingobernabilidad; han desacatado cualquier vía legal y han optado por el daño y la coacción a la ciudadanía como el medio de presión a sus demandas. Profesionales por la Ética, asumiendo su papel como Organismo Civil y No Gubernamental, hace un llamado a TODOS los ciudadanos, independientemente del partido o candidato de su preferencia o por el que hayan votado a que manifestemos de manera civilizada y pacífica a nuestros candidatos y autoridades lo que buscamos todos para nuestras familias y para nuestra patria. 

1. Invitamos a todas las personas a que este próximo 2 de septiembre de 2006, en el corazón del momento histórico que estamos viviendo a que digamos con toda claridad que nuestro voto, independientemente del color que haya tenido, fue por la paz; paz para el desarrollo, paz para la concordia, paz para el desarrollo humano integral. 

2. Estaremos promoviendo dos mensajes:“VOTO POR LA PAZ”“YO VOTÉ POR UN MÉXICO SIN VIOLENCIA” 

3. Con esta acción cívica estaremos exigiendo de manera personal a nuestros candidatos y gobernantes a que retomen la vía del diálogo, de la negociación, del respeto a la ley y las instituciones, de la primacía del bien común sobre el bien particular, a la aceptación irrestricta a la democracia, y a la aceptación de la voluntad popular expresada de manera ejemplar en las urnas el pasado 2 de julio.  

4. Exigimos a los candidatos que se comporten a la altura de la ciudadanía, y que asuman el papel que los mexicanos les hemos dado en la urna, ya sea como gobierno o como oposición de manera responsable. Estamos seguros que el esfuerzo cotidiano y coordinado de las diversas fuerzas sociales que trabajan en nuestro país en conjunto con partidos y políticos concientes y responsables, dará como resultado escenarios de justicia, de paz y de desarrollo entre todos los mexicanos, principalmente entre los más desfavorecidos.   

         Hace pocos días la prensa daba cuenta de la aprobación en el Consejo de Ministros de un Anteproyecto de reforma del Código Penal. Son muchos los temas afectados y algunos –como el endurecimiento de la represión penal de las infracciones con motivo del tráfico rodado- han centrado la atención de los medios. Entre las propuestas de modificación, una, que ha pasado más inadvertida, me ha sugerido la redacción de este breve comentario. Se propone por el Gobierno una modificación de los delitos relativos a la manipulación genética –que en su día fueron recibidos con parabienes, pese a sus numerosas imperfecciones técnicas- para relajar la tutela del embrión. Se quiere despenalizar la denominada “clonación terapéutica” como opuesta a la “reproductiva”, utilizando precisamente esta expresión. Al mismo tiempo, también por un camino indirecto, se da vía libre, en sintonía con la reciente modificación de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y la proyectada legislación de investigación biomédica, a la creación de embriones con fines distintos de la procreación, como podría ser –y en eso se piensa- la investigación.    

      Estas  modificaciones responden muchas veces a lo que se ha bautizado como una bioética “complaciente”, es decir, al servicio de la tecnología y la ideología cientifista pues se limita a ir buscando argumentos para dar marchamo moral a cada nueva reivindicación. Pero en este breve comentario me quería centrar no tanto en contenidos como en las trampas semánticas que se vienen deslizando en el mundo del bioderecho con un éxito tan espectacular como lamentable. El cambio de los nombres ha sido muchas veces el primer paso para otorgar legitimación ética a una actividad. La redenominación es la fórmula ideal para esconder la realidad de las cosas. El lenguaje aparece así como algo mágico que permite modificar la realidad.          

       Un claro ejemplo de ese enunciado que se vuelve a utilizar en esa reforma en ciernes es la falsa distinción entre clonación “terapéutica” y clonación “reproductiva”. El adjetivo “terapéutica” como opuesto a “reproductiva” no es exacto y encierra una doble manipulación. También la clonación terapéutica es reproductiva: se crea un embrión humano. La diferencia no estriba en que en una clonación exista “reproducción” y en la otra no. En ambas hay reproducción si se entiende por tal la aparición de un nuevo ser distinto y potencialmente capaz de llegar a ser una persona. La distinción radica en otro punto. En la clonación terapéutica ese nuevo ser es destruido para obtener material biológico, útil para investigar y en un futuro incierto poder contribuir a la salud de otras personas. En la reproductiva se deja al nuevo ser desarrollarse según lo que sería su evolución natural. Caricaturizando hiperbólicamente la semejanza con ese criterio también sería terapéutica la clonación destinada a crear un bebé al que a continuación se le extraerían determinados órganos para trasplante. Pero el uso del término “terapéutica” despierta las simpatías pues evoca la curación.      

     Hay que estar atentos en estos terrenos para desenmascarar esas poco honestas estrategias que comienzan como forma de propaganda social y acaban informando las legislaciones como ha sucedido en la nuestra con otra muestra bien elocuente de esa manipulación de la realidad: el concepto de "preembrión". Pese a su falta de base científica, ha adquirido  carta de naturaleza en el derecho, en la jurisprudencia y recientemente también en las leyes españolas. Como conoce cualquier estudioso de estos temas la palabra "preembrión" no designa nada distinto de la expresión "embrión". Surgió como necesidad de justificar la instrumentalización de embriones en sus primeras fases de desarrollo. Sus introductores, los miembros de la comisión que redactó el informe WARNOCK donde apareció por primera vez el término, han admitido que esa designación especial para el período de desarrollo que va desde el cigoto hasta el día 15 obedeció a "cierta presión ajena a la comunidad científica" que quería condicionar la discusión ética. No es que al descubrir nuevas características del embrión hayamos decidido dar una nueva conceptuación a una de sus etapas. Se trata de una cosa diferente: ante la posibilidad de utilizarlos en nuevas técnicas algunos se deciden por motivos de conveniencia a diseñar una fase minusprotegida. Es como si par justificar la eutanasia comenzásemos a hablar de “precadáveres” en lugar de personas ancianas o enfermas.         

    A la manipulación semántica sigue la manipulación jurídica. El legislador decide por su cuenta y riesgo que el preembrión es distinto del embrión y no tiene la condición de ser humano. En contra de las evidencias biológicas, y adoptando la postura caprichosa de una preadolescente ("si la realidad es de otra forma, ¡peor para ella!").           Esas manipulaciones del vocabulario, con vocación de dar el salto a lo jurídico proliferan en esta materia. Recordaremos otros ejemplos. Así la terminología "embriones sobrantes". El calificativo "sobrantes" parece invitar a su destrucción, a considerarlos material de desecho. O cuando se habla de "píldora postcoital" con el confesado propósito de evitar las más claras palabras "píldora abortiva" porque se considera que la palabra "aborto es demasiado trágica". O la locución "Interrupción Voluntaria del Embarazo". BAULIEU ha llegado a escribir que debe eliminarse la palabra "aborto" porque es tan traumática como el propio aborto (¡!). ¡Pero si precisamente lo que busca el lenguaje es tratar de mostrar lo más adecuadamente posible la realidad! Reflejarla y no esconderla o edulcorarla. Viene a mi memoria una cena compartida con un grupo de antiguos universitarios que organizábamos periódicamente invitando a algún personaje de la cultura, de la política de la Universidad para mantener un coloquio distendido en un ámbito reducido. Aquella vez habíamos invitado a un ex – Ministro de Sanidad. Era abierto partidario de la despenalización del aborto y sobre ello giró una parte del coloquio. Me asombró su disciplina lingüística. Pese al formato distendido del acto en ni una sola ocasión se le escapó la palabra “aborto”. Siempre se refería –y lo hizo muchas veces- a la “interrupción voluntaria del embarazo”.    

      Una última muestra que también se ha blandido recientemente por algún personaje político para disculpar la investigación con embriones. Se viene proponiendo –y de ello se hacía eco tal responsable- utilizando de nuevo la semántica como disimulado ariete dialéctico, sustituir la denominación de embrión por la de “nuclóvulo” cuando su generación se ha realizado por transferencia nuclear y no por fecundación, como si su naturaleza fuese distinta. Pero con esa “redenominación” se busca de nuevo la manipulación jurídica: de eludir todo el Estatuto Jurídico del Embrión y el debate sobre su condición en esos casos. Cambiando el nombre, se quiere cambiar la naturaleza moral. Y es que también aquí un sano realismo –llamar a las cosas lo que son- es el primer paso de un adecuado enfoque. Al pan, pan y al vino, vino. 

Profesor de Bioética y Filosofía del Derecho, Universidad Francisco de Vitoria

          Entre los problemas bioéticos que plantea la nueva ley, podríamos destacar los siguientes: 

1.- El problema de los mal llamados pre-embriones: Con una terminología ajena a la de la comunidad científica, define a los embriones de menos de catorce días de vida, como preembriones, de modo que, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta que el nuevo ser humano anida en la pared del útero de la madre, el embrión va a ser tratado como un simple agregado de células, con el que se va a poder investigar, experimentar, clonar, se le puede congelar, etc., sin más límite que la autorización de sus padres biológicos, que hasta podrán autorizar su destrucción sin otros fines.  Habida cuenta de que, hoy día, ya no existe ninguna duda, desde el punto de vista científico, de que el ser humano, desde la fase más inicial de su vida (zigoto) es un individuo de la especie humana, un sujeto plenamente humano, su cosificación o instrumentalización, -y por supuesto, su destrucción-, es bioéticamente reprobable. Desaparecidas las limitaciones de la legislación precedente, se podrá crear embriones con fines de investigación y se podrá investigar y experimentar incluso con embriones sanos (viables), con lo que se desconoce arbitrariamente su condición de personas dignas de consideración y respeto, sin otra explicación que la voluntad de darles una “utilidad” y no quedar rezagados en la carrera de la investigación biotecnológica. 

2.- El problema de la utilización de embriones humanos para la investigación y la clonación terapeútica. La Ley se apresura a prohibir expresamente la clonación reproductiva, es decir, que la única TRHA que se excluye es la impopular generación de individuos humanos clónicos, prohibición “políticamente correcta” por el gran rechazo social que tiene esta posibilidad técnica.  Sin embargo, nada se dice de la clonación terapéutica, que, con el mismo procedimiento de transferencia nuclear genética, o utilizando embriones congelados desechados de las TRHA, busca conseguir tejidos útiles terapeúticamente en el futuro, a base de la extracción de células madre de esos embriones cultivados in vitro, en la fase de blastocisto. La expectativa – todavía no real- de curar enfermedades terribles y hasta mortales, a través de esta nueva medicina regenerativa, hace que el legislador refleje la opinión favorable a esta técnica, de la industria y del público en general, sobre todo cuando no se habla de clonación, sino de “transferencia nuclear” y no se explica que la biopsia de esas células supone la muerte de ese embrión. Aunque no prohibida, está implícitamente abierta la puerta para que otras leyes complementarias, autoricen esta forma de clonación, en la que solo una moral pragmática y emotivista puede aceptar la eticidad de que el “fin -incierto todavía, – de curar, - justifica el medio –matar embriones-, éste sí, absolutamente cierto”.  

3.- La cuestión del “bebé medicamento”:  ¿Es bioéticamente lícito producir un embrión con el objetivo de que sus células u órganos puedan salvar a un hermano enfermo? En el supuesto del bebé medicamento, estamos ante otra forma de cosificación indigna de un ser humano, alguien que, con el consentimiento informado y culposo de sus padres, es producido y seleccionado in vitro, “descartados” sus hermanos peor dotados,  para servir, en un futuro, de fuente de tejidos u órganos compatibles necesarios para otro hermano enfermo. Aun suponiendo que el bebé medicamento no padeciera psicológicamente la traumática sospecha de que no fue querido y esperado “por sí mismo” sino por su “utilidad” para la familia, y que esto no afectase al libre desarrollo de su personalidad, -por cierto, expresamente protegido por la Constitución Española-, no nos parece digno del hombre “ser generado para”..., por más que el fin aquí sea lícito, (en otros casos,  los hijos no son traidos a la existencia ni aceptados como tales sino por otras razones o motivaciones aún más claramente censurables). 

 4.- Otros problemas que solo enumeramos, son: -          Se permite que se sigan generando más embriones de los que se van a implantar, y que se sigan congelando embriones humanos;

           -          Se permite la selección eugenésica de embriones humanos, esto es, mediante la técnica del diagnóstico preimplantacional, un test genético que se practica sobre embriones muy precoces, se nos dice que vamos a evitar que el hijo padezca una enfermedad de transmisión hereditaria. En realidad el test de los embriones sirve no para curar a los que detectemos enfermos, sino para desechar estos y asegurarnos de que solo es implantado un embrión que no porta esa deficiencia genética.      

-          Se autoriza la producción de embriones humanos con fines distintos de los estrictamente reproductivos. Esto supone un cambio sustancial en la orientación de las TRHA, en su teleología, viciando aún más si cabe su dudosa legitimación.-           

-          También se elimina la obligación, (presente en la ley del 88), de demostrar que la investigación que se va a hacer con embriones humanos no pueda realizarse en modelos animales. La pregunta se plantea falazmente y está en la calle: ¿Se pueden utilizar embriones humanos, que, al fin y al cabo nadie quiere, para investigar y curar enfermedades? ¿Cómo podríamos negar a unos padres desesperados por la enfermedad mortal de su hijo, la posibilidad de recurrir a la técnica que puede salvarle? ¿Por qué nos obstinamos en “frenar” el progreso científico con planteamientos religiosos que no tiene por qué compartirse en una sociedad pluralista y plural? Las respuestas derivan de los principios y criterios antedichos: 1º) El embrión humano, también el preimplantatorio de menos de 14 días de vida, es un ser humano exactamente igual que usted y yo, solo que en una fase inicial de su desarrollo, lo que le hace igualmente indisponible y no reductible a medio para ningún fin. Ningún ser humano debe ser “utilizado”, ni siquiera en función de un fin bueno. 2º) Suponiendo que fuera verdad que puede salvarse ese hijo mayor, no es lícito, por más que sí disculpable dada su desesperación, que unos padres acepten matar a otros hijos para salvar a éste que está enfermo. Nunca sería lícito procrear, utilizar o destruir a un hermano sin su consentimiento, para ningún fin. 3º) La crítica formulada a la ley y a las prácticas que ampara, desconocedoras de un estatuto ético y jurídico adecuado a la dignidad de los embriones humanos, no procede de una inspiración católica o cristiana, por más que, efectivamente coincidamos con muchas religiones, no solo la cristiana, en la necesidad de respetar la primacía de la persona y la sacralidad de toda vida humana, independientemente de su edad, estado de salud, etc. La dignidad y el valor de la vida humana es intrínseco, no depende de las consideraciones de nadie, por lo que un progreso tecnocientífico contrario a estos valores es más bien un retroceso. Esto es de sentido común, se argumenta filosóficamente, sin necesidad de explicar que, además son hijos de Dios, etc., etc.,  En conclusión, podemos afirmar que la nueva ley es gravemente ilícita desde la perspectiva bioética, en su espíritu y en el grueso de su articulado, ya que, haciendo prevalentes consideraciones emocionales y utilitarias, promueve legalmente prácticas abiertamente injustas, que desconocen el estatuto personal y el consiguiente respeto debido a la dignidad de seres humanos inocentes e indefensos como son los embriones. Además, buscando favorecer y permitir estas prácticas contrarias a la persona humana y a su dignidad inviolable, merece el calificativo de injusta y gravemente inmoral. Asistimos a la consagración legal de una nueva forma de esclavismo, ya que de esclavitud puede calificarse la situación de los embriones humanos, personas reducidas a la condición de objeto, que pueden ser vendidos, cedidos, manipulados, troceados, y destruidos sin más, utilizados y esclavizados de un modo abyecto e indigno de una sociedad avanzada. Puede que hace treinta años, con el desconocimiento generalizados de la vida intrauterina, se pudiera dudar o contemporizar ante estas actuaciones. Ahora nuestro silencio ante esta ley nos haría cómplices del sacrificio de los “nuevos esclavos”.                    

La actualidad bioética de este mes de junio está protagonizada por la entrada en vigor de la Ley 14/ 2006 de técnicas de reproducción asistida (en adelante, TRHA), una norma que viene a derogar la Ley 35/1988 que, solo reformada parcialmente en el año 2003, regulaba en España esta controvertida materia.         

Se trataba de poner al día la legislación en aspectos técnicos, al tiempo que dar cobertura legal a ciertas prácticas biomédicas con aparentes expectativas terapéuticas, como, por ejemplo, la investigación con embriones humanos, la clonación terapéutica, etc., que están relacionadas con la utilización de los embriones crioconservados, sobrantes de los procesos de reproducción artificial.                                                                           

Las técnicas de reproducción asistida (Inseminación artificial, Fecundación in vitro con transferencia de embriones, Transferencia intratubárica de gametos, etc. ) son una realidad científica y técnica, popularizadas y aceptadas en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno desde hace tres décadas, como una solución alternativa a los problemas de esterilidad o infertilidad de muchas parejas.                  

Se habla de más de medio millón de personas con algún problema para tener los hijos de modo natural, a cuyo legítimo deseo tratan de dar respuesta estas técnicas, que, a pesar de su coste (personal y económico), pero también moral, y de su baja eficacia, ya han traído al mundo a varios miles de niños.         

Las TRHA en sí mismas consideradas, en sus diversas modalidades, no curan nada (no son terapéuticas), más bien “resuelven” técnicamente una necesidad, frecuentemente una obsesión de estas parejas, de conseguir el hijo. El objeto de deseo es claro y los especialistas sustituyen la acción procreativa, por un acto técnico, en el que, con cierto tufo mercantilista, se ha introducido una lógica productiva, que no se compadece con la dignidad que requeriría el proceso de “venir al mundo”.   

Pero además de lo anterior, las técnicas siempre han planteado a la bioética personalista, que defiende la dignidad personal de todo ser humano y la inviolabilidad de toda vida humana, numerosos interrogantes morales. Por ejemplo: 

• ¿Es correcto éticamente fecundar muchos óvulos para obtener muchos embriones, sabiendo que la mayoría no se van a implantar en el útero de la madre, sino que van a ser congelados por tiempo indefinido sin un destino cierto?-          ¿Es ético manipular, seleccionar y desechar (destruir masivamente) embriones humanos para satisfacer un deseo?-          ¿Es aceptable éticamente que una mujer sola, sin pareja ni marido, y de cualquier edad, pueda ser inseminada? 
• En el caso de utilizar células reproductivas de un donante, ¿se respetan los legítimos derechos de esos niños producidos con las técnicas, cuando se les impide conocer la identidad de su padre biológico?
• ¿Es una práctica éticamente responsable inseminar a una mujer con el semen de su marido ya fallecido, para que el niño ya nazca huérfano solo para satisfacer el deseo de sus progenitores?      

Estas preguntas evidencian que lo que es habitual en la praxis cotidiana de unas técnicas aceptadas por la sociedad, pudiera ser censurable moralmente hasta el punto que muchos bioeticistas y no solo los católicos, afirmamos la ilicitud moral básica de las mismas, porque un fin legítimo no justifica unos medios que atentan contra la dignidad y los derechos del ser humano. 

Pero el desarrollo de las técnicas (TRHA), junto con el de áreas científicas como la Genética y la Embriología, ha incrementado notablemente en estos años nuestro conocimiento de la vida prenatal y, al mismo tiempo, ha posibilitado el descubrimiento de nuevas posibilidades terapéuticas como es la investigación con las denominadas células troncales (popularmente, células “madre”) embrionarias lo que ha sumado un añadido interés a que se legislara permisivamente sobre la materia.     

En un breve análisis bioético, podemos empezar por afirmar que esta ley, inspirada en el más descarnado cientismo utilitarista, plantea numerosos problemas éticos, al desconocer el más elemental respeto a la dignidad de esos seres humanos que son los embriones preimplantatorios, reducidos a la categoría de material biológico disponible. Son los nuevos esclavos, los últimos esclavos de nuestro tiempo, seres humanos que se pueden ceder, utilizar para experimentar, y matar, sin contar con su consentimiento.       

El legislador, a instancias de la autoridad sanitaria gubernamental, ha conseguido alumbrar un texto legal con alcance nacional que, buscando favorecer el desarrollo y el acceso a estas técnicas y en pro de los intereses de la industria biotecnológica, deja en el más absoluto desamparo legal a los embriones humanos, completamente privados de cualquier derecho. ¿No es esto una aberrante situación de esclavitud?