Según las estadísticas del Ministerio de Educación, la tasa de
fracaso escolar a los 15 años se sitúa en el 40,6%; un 31,7% de
los alumnos abandona sus estudios antes de finalizarlos.

 

Profesionales por la Ética acaba de publicar el primer ranking autonómico de
excelencia educativa. El informe se basa en las estadísticas del Ministerio de
Educación publicadas en febrero de 2006, siguiendo los criterios técnicos
recomendados por la Unión Europa, así como la Comisión Europea y el Sistema
Estatal de Indicadores de la Educación.

 

En concreto se han estudiado 50 indicadores basados en siete áreas: escolarización,
graduación, idoneidad, abandono educativo, iniciativa social, gasto público y calidad
de los recursos educativos. Estos datos han sido analizados siguiendo el Modelo de
Evaluación de Políticas Educativas realizado por un equipo multidisciplinar de PPE.

 

La principal conclusión del informe de PPE es que ocho comunidades suspenden. Para paliar este “deterioro paulatino” de la educación, el portavoz de PPE, Miguel Gómez de Agüero, propone el desarrollo de un Pacto Social por la Excelencia Educativa, que tenga como referencia las mejores prácticas existentes. “Es necesario promover además nuevas experiencias educativas fruto de la experiencia de la sociedad civil”, defiende Gómez de Agüero. Y es que el fracaso escolar se sitúa en el 40,6% y un 31,7% de los alumnos no terminan sus estudios.
Para avanzar hacia esa excelencia educativa, Profesionales por la Ética propone reforzar la autoridad y el liderazgo del profesor, así como ‘empoderar’ a los padres a través de Escuelas de Padres para lograr una mayor implicación como primeros responsables de la
educación. El informe también pone ‘deberes’ a los responsables públicos. PPE
propone crear un Observatorio del Fracaso Escolar y de la violencia en las aulas e
insta a las distintas administraciones públicas a elevar el gasto en educación hasta
equipararnos a la media europea en el plazo de 5 años, lo que supone un incremento
cercano a los 1.000 euros por alumno. Sólo en Andalucía, el impacto económico de la
propuesta del ranking de excelencia académica asciende a cerca de 4.500 millones
de euros adicionales.
Naturalmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) no va a paliar, por sí misma, esta enorme deficiencia de nuestro sistema educativo. La calidad de la educación no ha importado nada a un Gobierno que ha legislado de espaldas a la sociedad. Como ha dicho la dirigente de CEAPA (la organización de padres afín al Gobierno), esta ley ha sido fruto del consenso de la izquierda. Pues muy bien; los profesionales de la educación hubiéramos preferido que fuera resultado del acuerdo entre los dos grandes partidos y la comunidad educativa. Los polvos de estos lodos los recogeremos en unos años. Y si no, al tiempo.